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Britain, Legislación

Bribery Act

Este verano, el 1 de julio, entra en vigor en el Reino Unido la ley anticorrupción o UK Bribery Act, que actualiza por fin la legislación británica sobre el tema, muy antigua y dispersa. En ella se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se recogen delitos como ofrecer y aceptar sobornos, tanto por particulares como por funcionarios, rasgos comparables a la norma vigente en España (la reforma del Código Penal que entró en vigor a finales del año pasado).

Sin embargo, hay dos características distintivas y peculiares que podrían afectar a las empresas españolas que hacen negocios en el Reino Unido. Una de ellas es que la empresa será penalmente responsable si no ha dispuesto los procedimientos adecuados para que su personal o individuos asociados a ella lleven a cabo conductas consideradas corruptas en su nombre o beneficio; en España, tomar medidas de prevención de la corrupción podría llegar a eximir de la pena. La otra característica es el ámbito extraterritorial de aplicación de la ley: basta con que parte del negocio se haya desarrollado en suelo británico, aunque el hecho de la corrupción propiamente dicho se produzca en un tercer país y no afecte a la actividad en el Reino Unido.

El gobierno británico publicó a finales de Marzo una guía aclarando algunos aspectos de la Ley de Corrupción, ante la presión de grupos empresariales y el riesgo de que las compañías extranjeras la vieran como un obstáculo para operar en el país. También incluyó algunos “principios de ayuda” a las empresas: la proporcionalidad (de las medidas a adoptar respecto al tamaño y riesgos de la empresa), evaluación de riesgos (investigar mercados y personas con los que se opere), comunicación (de políticas y procedimientos al personal), compromiso directivo, diligencia debida (saber exactamente con quién se hacen negocios) y seguimiento-revisión de las medidas adoptadas. Resulta interesante tener en cuenta estos principios y ver cómo se va desarrollando la jurisprudencia británica, para evitar problemas futuros; aparte de ser condenadas por corrupción, las empresas pueden tener que hacer frente a multas muy considerables y se contempla prisión de hasta diez años para las personas físicas.

 

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